Gobierno recupera más de 3.300 hectáreas para impulsar la Reforma Agraria en varias regiones del país
Bogotá, 14 de abril de 2026.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de más de 3.300 hectáreas que permanecían ocupadas de manera irregular en distintas zonas del país, en una operación que abarcó los departamentos de Magdalena, Sucre, Córdoba y la región del Magdalena Medio.
Estos predios serán destinados a comunidades campesinas e indígenas como parte de la estrategia de Reforma Agraria, con el objetivo de avanzar en la redistribución de la tierra y reducir las brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que la recuperación se logró mediante operativos acompañados por la Fuerza Pública. “Estas tierras vuelven a manos de quienes históricamente no han tenido acceso a ellas”, afirmó.
Uno de los puntos clave de la intervención fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se recuperaron tres predios que, según la entidad, habían sido utilizados para economías ilegales y control territorial. Uno de estos terrenos ya fue entregado al pueblo indígena kogui, que llevaba más de 15 años sin recibir tierras por parte del Estado.
“Este territorio es vida, es equilibrio y es parte esencial de nuestra existencia como pueblo”, expresó el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, durante la entrega.
En el departamento de Córdoba, la Agencia adelantó la recuperación de varios terrenos vinculados a estructuras ilegales y casos de corrupción. Parte de estas tierras será adjudicada a comunidades campesinas e indígenas, incluyendo poblaciones afectadas por recientes inundaciones.
Por su parte, en el Magdalena Medio, especialmente en el municipio de Puerto Boyacá, se recuperaron más de 1.800 hectáreas en zonas históricamente impactadas por la violencia. Estos predios serán destinados a familias campesinas para fortalecer la producción de alimentos y dinamizar las economías locales.
La Agencia Nacional de Tierras señaló que estas acciones hacen parte de una política integral orientada a garantizar el acceso equitativo a la tierra, promover el desarrollo rural y consolidar procesos de justicia social en el campo colombiano.