Policía captura a 13 presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en La Guajira

Riohacha (La Guajira), 7 de abril de 2026.
En una operación contra la extorsión, la Policía Nacional capturó a 13 presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en los municipios de Riohacha y Dibulla, en cumplimiento de órdenes judiciales por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las autoridades, entre los capturados figuran presuntos cabecillas y coordinadores de la estructura criminal, identificados con los alias ‘Boyaco’, señalado como jefe financiero; ‘Yao’, presunto cabecilla militar; ‘Marquetalia’, encargado de finanzas en Riohacha; ‘Gordo Way’, vinculado al manejo de rentas del narcotráfico; ‘El Viejo’, presunto perfilador de víctimas, y ‘Suly’, coordinadora logística.

También fueron detenidos otros presuntos integrantes conocidos como alias ‘Mono Edi’, ‘África’, ‘Punto 40’, ‘Leifa’, ‘Óscar’, ‘Douglas’ y ‘El Gordo’, quienes estarían involucrados en el cobro sistemático de extorsiones en la región.

Según el proceso investigativo, los capturados harían parte de los frentes ‘Javier Cáceres’ y ‘Cristóbal Duarte’, y estarían implicados en actividades criminales como extorsión, homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

Las acciones de esta estructura afectaban principalmente a comerciantes, transportadores, ganaderos, agricultores y el sector hotelero en Dibulla, Riohacha y corregimientos como Mingueo y Palomino, en el corredor estratégico de la Troncal del Caribe.

Las autoridades señalaron que las exigencias económicas variaban entre 100.000 y 20 millones de pesos, aunque en algunos casos podían alcanzar hasta 50 millones, dependiendo de la actividad económica de las víctimas.

El modus operandi consistía en intimidaciones presenciales en establecimientos comerciales o mediante llamadas telefónicas, con el fin de presionar el pago de las extorsiones.

Todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos imputados.

Con esta operación, las autoridades buscan debilitar las finanzas y la capacidad de intimidación de estructuras criminales que operan en el norte del país.

Juan Carlos Hurtado asume como presidente encargado de Ecopetrol

Bogotá, 7 de abril de 2026.
El ingeniero Juan Carlos Hurtado asumió este martes como presidente encargado de Ecopetrol, luego de la aprobación de la Junta Directiva de la compañía en sesión extraordinaria realizada el 6 de abril.

Hurtado, quien se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y primer suplente del presidente de la empresa, estará al frente de la estatal petrolera de manera temporal tras la solicitud de vacaciones del presidente titular, Ricardo Roa Barragán, que se extenderán del 7 de abril al 27 de mayo.

Adicionalmente, la Junta Directiva aprobó una licencia no remunerada de 30 días calendario a partir del 28 de mayo, conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía y su matriz de decisiones y atribuciones.

En consecuencia, Hurtado asume la dirección de la empresa mientras se define el reemplazo transitorio en la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos.

Perfil del nuevo presidente encargado

Juan Carlos Hurtado es ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios (MBA) con énfasis en el sector de petróleo y gas.

Con 28 años de experiencia en la industria energética, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en Ecopetrol y también ha ocupado cargos ejecutivos en la Transportadora de Gas Internacional (TGI).

Dentro de la compañía, se ha desempeñado como vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción, además de otros cargos directivos relacionados con la gestión estratégica y coordinación de operaciones.

Ecopetrol informó que la empresa continuará operando con normalidad y en cumplimiento de su estrategia corporativa durante el periodo de encargo.

Más de 939 mil estudiantes acceden a educación superior gratuita en Colombia, según el Gobierno

Bogotá, 7 de abril de 2026.
El Gobierno nacional informó que más de 939 mil estudiantes cursan actualmente sus estudios universitarios sin costo en Colombia, como resultado de las políticas de gratuidad impulsadas durante la administración del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, esta cifra representa el 97 % de los estudiantes de pregrado matriculados en el sistema universitario público, lo que evidencia una ampliación significativa en el acceso a la educación superior.

La estrategia de gratuidad no solo ha eliminado barreras económicas, sino que también ha permitido la expansión de la oferta académica en regiones donde anteriormente el acceso a la universidad era limitado o inexistente.

Expansión territorial de la educación superior

El Gobierno destacó la apertura y fortalecimiento de programas en zonas como el Urabá antioqueño, Cesar, Chocó y La Guajira, donde actualmente operan facultades de Medicina públicas y gratuitas.

Instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad de La Guajira lideran estos procesos, facilitando que los estudiantes puedan formarse en sus territorios de origen y contribuir al desarrollo local.

Más cobertura y oportunidades

Según el informe oficial, más de 347 mil nuevos estudiantes han ingresado a la educación superior durante el actual gobierno, lo que refleja un incremento en la cobertura y en las oportunidades educativas en distintas regiones del país.

El Ministerio de Educación señaló que estos avances responden al fortalecimiento financiero de las universidades públicas y a una política orientada a garantizar el derecho a la educación superior, especialmente para poblaciones históricamente excluidas.

Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar un sistema educativo más incluyente, con mayor presencia territorial y enfocado en reducir las brechas sociales a través del acceso a la educación.

Gobierno envía más de 167 toneladas de ayuda humanitaria al Pacífico colombiano

Buenaventura, 7 de abril de 2026.
El Gobierno nacional inició una operación humanitaria para atender a comunidades afectadas en el Pacífico colombiano, con el envío de más de 167 toneladas de ayuda a los municipios de Guapi y Timbiquí, en el departamento del Cauca, y Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño.

La entrega se realiza a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con la Armada Nacional, mediante una operación marítima a bordo del buque ARC ‘Bahía Solano’.

En total, cerca de 7.000 familias damnificadas recibirán asistencia, que incluye kits de alimentos, aseo personal y utensilios de cocina. De acuerdo con las autoridades, en Guapi se distribuirán 2.726 kits de cada tipo; en Timbiquí, 1.763; y en Santa Bárbara de Iscuandé, 2.509.

Como parte del apoyo, también se enviaron 1.736 garrafones de agua potable de cinco litros cada uno destinados al municipio de Timbiquí, con el fin de garantizar el acceso a este recurso básico.

Respuesta ante la temporada de lluvias

La operación hace parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la temporada de lluvias, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que articula capacidades logísticas, técnicas y operativas para atender emergencias en todo el territorio nacional.

Además de los kits básicos, la ayuda incluye 23.232 juegos de sábanas, 15.705 toldillos y 7.527 hamacas, elementos destinados a mejorar las condiciones de alojamiento de las familias afectadas.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que el sistema de atención de emergencias se mantiene activo en todo el país para responder de manera oportuna a las necesidades de las comunidades.

Con esta operación, el Gobierno busca mitigar el impacto de las lluvias en las zonas más vulnerables del Pacífico colombiano y garantizar condiciones básicas de bienestar para las poblaciones afectadas.

Aeronáuticas de América Latina firman alianza para impulsar combustibles sostenibles y transición energética

Bogotá, 7 de abril de 2026.
Autoridades aeronáuticas de América Latina suscribieron una alianza estratégica para promover la sostenibilidad y acelerar la transición energética en el transporte aéreo de la región, con énfasis en el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés).

La iniciativa, liderada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), reúne a entidades de Chile, Costa Rica, Panamá, Aruba, Perú y Bolivia, que firmaron Cartas de Intención para fortalecer la cooperación internacional en este ámbito.

El acuerdo, considerado un hito para la aviación regional, busca consolidar un corredor aéreo de bajas emisiones y posicionar a América Latina como un actor relevante en la agenda global de descarbonización del sector.

La firma se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), en respuesta a los desafíos del cambio climático y en línea con las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Según la Aerocivil, los países participantes manifestaron su compromiso de avanzar progresivamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reconociendo la necesidad de que el crecimiento del sector aéreo esté alineado con la protección ambiental.

Ejes de la cooperación regional

La alianza prioriza el intercambio técnico y la cooperación entre países para desarrollar el ecosistema de los combustibles sostenibles en la región. Entre las principales líneas de acción se destacan:

• Intercambio de marcos regulatorios y estándares técnicos sobre SAF.
• Socialización de buenas prácticas y fortalecimiento de capacidades institucionales.
• Identificación de oportunidades para la producción, certificación y distribución de combustibles sostenibles.
• Coordinación de mecanismos que impulsen la comercialización y posicionen a América Latina como exportadora de energías limpias para la aviación.

La Aerocivil destacó que este esfuerzo conjunto no solo fortalece la integración regional, sino que también sienta las bases para futuros acuerdos vinculantes que consoliden una aviación más eficiente, moderna y respetuosa con el medio ambiente.

Con esta alianza, los países firmantes buscan avanzar hacia un modelo de transporte aéreo sostenible, capaz de responder a las exigencias climáticas actuales y garantizar un desarrollo equilibrado para las próximas generaciones.

Gobierno pide no instrumentalizar a campesinos en debate sobre catastro multipropósito

Bogotá, 7 de abril de 2026.
El Gobierno nacional hizo un llamado a no instrumentalizar a las comunidades campesinas en medio del debate sobre el catastro multipropósito, e insistió en la importancia del diálogo y la información oficial para comprender el alcance de esta política pública.

El pronunciamiento fue realizado por el Ministerio del Interior tras participar en una mesa de diálogo junto al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda, así como representantes de veedurías campesinas y ciudadanas. En este espacio, se atendieron inquietudes, se resolvieron dudas y se escucharon inconformidades provenientes de los territorios.

Según el Gobierno, el diálogo directo con las comunidades es fundamental para evitar desinformación y tergiversaciones en torno al catastro multipropósito, una herramienta clave para la gestión del territorio y la formulación de políticas públicas.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro advirtió recientemente sobre posibles movilizaciones convocadas bajo argumentos que, según indicó, distorsionan el objetivo de esta política. El mandatario señaló que el catastro multipropósito tiene su origen en compromisos derivados del acuerdo de paz y busca, principalmente, mejorar la equidad en la tributación de la tierra.

De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa pretende que los grandes propietarios asuman una mayor carga tributaria, mientras que los pequeños productores no se vean afectados de manera desproporcionada.

¿Qué es el catastro multipropósito?

El IGAC explicó que el catastro multipropósito es un sistema de información que permite identificar, caracterizar y valorar los bienes inmuebles desde una perspectiva física, jurídica y económica. Su implementación facilita el ordenamiento territorial, fortalece la seguridad jurídica y mejora la gestión fiscal de los municipios.

Este modelo integra información catastral con el registro de la propiedad y otros sistemas territoriales, lo que permite una asignación más eficiente de los recursos públicos y una mejor planificación del desarrollo.

Asimismo, la entidad aclaró que la actualización catastral es una medida excepcional que busca cerrar brechas históricas entre los avalúos y las condiciones reales del mercado, mediante metodologías técnicas basadas en análisis de zonas geoeconómicas, información de mercado, estudios productivos y modelos estadísticos.

Avalúo catastral y predial: diferencias clave

El Gobierno enfatizó que el ajuste en el avalúo catastral no implica un aumento automático del impuesto predial. Aunque el avalúo constituye la base gravable, el valor final del impuesto depende de las tarifas definidas por los concejos municipales y de las normas tributarias locales.

En ese sentido, el IGAC reiteró que su función se limita a determinar el avalúo catastral, mientras que la liquidación, el cobro y la definición de tarifas del impuesto predial corresponden a las alcaldías.

Con este mensaje, el Ejecutivo busca reducir la desinformación y promover un debate basado en datos sobre una política que considera clave para la equidad fiscal y el desarrollo territorial del país.

Presidente Gustavo Petro liderará en Cali encuentro nacional sobre formalización minera y comercialización del oro

Cali, 7 de abril de 2026.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezará el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, un evento clave para presentar los avances del Gobierno en la organización, legalización y fortalecimiento del sector minero, con especial énfasis en la minería artesanal y de pequeña escala.

La jornada se llevará a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y contará con la participación de cerca de dos mil representantes de asociaciones y organizaciones mineras provenientes de distintas regiones del país, así como autoridades locales, entidades del orden nacional y actores del sector productivo.

Durante el encuentro, el Gobierno dará a conocer resultados de su política de formalización minera, entre los que destaca un incremento del 40 % en el número de mineros formalizados en comparación con la administración anterior. Asimismo, se han habilitado más de 20 hectáreas para el desarrollo legal de actividades mineras.

En materia de inclusión financiera, más de 7.200 mineros han accedido al sistema crediticio, con desembolsos cercanos a los 230 millones de pesos. Paralelamente, se ha promovido la creación y fortalecimiento de 365 asociaciones mineras, consolidando procesos organizativos en territorios históricamente excluidos.

El Gobierno también ha avanzado en la estructuración de 12 distritos mineros como parte de una estrategia de ordenamiento territorial y gobernanza, de los cuales seis se encuentran en proceso de adopción mediante consulta previa en regiones como Nariño, el Bajo Cauca, el norte del Cauca y el litoral Pacífico caucano.

Uno de los anuncios centrales del evento será la puesta en marcha de la Comercializadora de Oro de Colombia, una iniciativa orientada a organizar el mercado del oro, fortalecer la trazabilidad del mineral y mejorar las condiciones para los pequeños productores.

El encuentro se desarrollará en dos fases: una experiencial, en la que los asistentes recorrerán estaciones temáticas para conocer avances de la política pública minera, y una central, enfocada en anuncios estratégicos, firma de decretos y presentación de resultados en áreas como formalización, reconversión productiva, inclusión financiera y economía circular.

Con este espacio, el Gobierno busca reafirmar su compromiso con la legalidad en el sector minero, la dignificación del trabajo de los pequeños productores y la generación de oportunidades económicas en los territorios, en un esfuerzo por reducir brechas históricas y fortalecer la relación entre el Estado y las comunidades mineras.

Gobierno envía 40 mil barriles de diésel desde Cartagena a Nariño a través del Canal de Panamá

Bogotá, 7 de abril de 2026.
El Gobierno nacional anunció el envío de 40 mil barriles de diésel desde la Refinería de Cartagena hacia el departamento de Nariño, en una operación logística que utilizó el Canal de Panamá como ruta estratégica para garantizar el abastecimiento de combustible en el suroccidente del país.

El cargamento fue transportado por vía marítima hasta los puertos de Buenaventura y Tumaco, con el objetivo de asegurar el suministro energético en la región del Litoral Pacífico colombiano, históricamente afectada por dificultades en la distribución de combustibles.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, esta operación representa un hito en la logística energética nacional, al consolidar a Tumaco como un punto clave para la recepción, almacenamiento y redistribución de combustibles hacia Nariño y otras zonas del sur del país.

Además de fortalecer el abastecimiento, el nuevo esquema busca dinamizar la actividad portuaria, mejorar la seguridad en la cadena de suministro y promover oportunidades económicas y de empleo en las comunidades locales.

El director de Hidrocarburos, Julián Flórez, señaló que el uso de rutas controladas y monitoreadas permite mejorar la trazabilidad del combustible, reducir riesgos de contrabando y garantizar que el producto llegue de manera eficiente a los territorios que lo requieren.

En articulación con empresas del sector como Ecopetrol, Petrodecol y Primax, el Gobierno destacó que esta es la primera vez que combustible producido en Colombia se transporta hacia Buenaventura y Tumaco a través del Canal de Panamá, lo que marca un avance significativo en la diversificación de rutas de abastecimiento.

La estrategia hace parte de un plan más amplio para fortalecer la seguridad energética del país, con énfasis en la transparencia, la legalidad y la continuidad del suministro, mientras se avanza hacia una transición energética más sostenible.

El Ministerio de Minas y Energía informó que continuará implementando medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles en Nariño y en todo el suroccidente colombiano.

Gobierno de Colombia radica ante el Congreso el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2027

Bogotá, 7 de abril de 2026.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, dando inicio al proceso de construcción de las finanzas públicas del país para la próxima vigencia fiscal.

El documento preliminar establece las bases económicas y estratégicas que orientarán la asignación de recursos del Estado, en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Según las proyecciones oficiales, se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que pasaría de 2,6 % en 2026 a cerca del 3 % en 2027.

La consolidación de la información estuvo a cargo de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, que integró los anteproyectos de ingresos y gastos de las entidades estatales a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación). Estos datos ya se encuentran disponibles para consulta pública en el Portal de Transparencia Económica.

El anteproyecto prioriza los objetivos del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Entre los ejes estratégicos se destacan la justicia ambiental, la gestión sostenible del recurso hídrico, la seguridad humana, la justicia social y la transición hacia una economía productiva que reduzca la dependencia de los recursos no renovables.

Como parte del proceso de construcción del presupuesto, el Gobierno anunció que se desarrollarán mesas sectoriales de trabajo con participación del Congreso de la República. Estos espacios permitirán ajustar y definir la distribución de los recursos en los próximos meses, con el objetivo de presentar el proyecto definitivo el 29 de julio de 2026.

La iniciativa busca fortalecer la participación de los distintos sectores económicos en la definición de sus presupuestos, promoviendo una asignación más eficiente de los recursos para la ejecución de proyectos a corto y mediano plazo.

Presidente Petro ordena plan de choque contra las mafias del oro y la corrupción en la Fuerza Pública

Bogotá, 7 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro ordenó este martes un plan de choque para combatir las mafias del oro y la corrupción que permite el avance de la minería ilegal en el país. Durante un encuentro con asociaciones de minería artesanal en Cali, el mandatario instó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a actuar con rigor contra este flagelo.

Petro denunció que en regiones críticas como Barbacoas y Samaniego, en Nariño, caravanas de maquinaria pesada y dragas atraviesan libremente retenes militares y policiales, gracias al pago de sobornos.

“Como está pasando allá en Barbacoas y en Samaniego, están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen. ¿Por qué? Porque pagan una tajada allá, en esa zona, y entonces se quedan ciegos. Esto hay que arreglarlo”, afirmó el presidente.

El jefe de Estado reveló que existen investigaciones contra mandos militares y policiales presuntamente vinculados a estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal. Advirtió que quienes estén involucrados en estas “economías de la muerte” no pueden seguir al servicio del Estado y pidió depurar las listas de generales y oficiales implicados.

Como parte del plan, Petro instruyó la rotación permanente de personal en los distritos mineros para evitar que los uniformados sean cooptados por el poder económico de los grupos ilegales, particularmente el ‘Clan del Golfo’.

Minería ilegal, principal fuente de financiamiento de la violencia

El presidente señaló que la minería ilegal de oro ha superado al narcotráfico como el negocio más lucrativo para las mafias en Colombia, financiando sicariato y violencia en los territorios, además de causar graves daños ambientales por el uso de mercurio.

Ante esta situación, reiteró el impulso a la estrategia Ecodorado, que incluye la creación de una comercializadora estatal de oro para comprar directamente a pequeños mineros formalizados a precios justos y competitivos, rompiendo así su dependencia de las estructuras ilegales.

“Solo mediante la presencia de un Estado transparente y protector se podrá separar al minero tradicional de la influencia de los fusiles”, enfatizó.

Petro vinculó la lucha contra la minería ilegal con los objetivos de paz, protección ambiental y descarbonización del país, y pidió resultados concretos en los próximos meses.

Con esta directriz, el Gobierno busca recuperar el control territorial en las zonas mineras, proteger los ecosistemas y avanzar en la formalización de la pequeña minería como una actividad digna y legal.