Presidente Petro ordena plan de choque contra las mafias del oro y la corrupción en la Fuerza Pública
Bogotá, 7 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro ordenó este martes un plan de choque para combatir las mafias del oro y la corrupción que permite el avance de la minería ilegal en el país. Durante un encuentro con asociaciones de minería artesanal en Cali, el mandatario instó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a actuar con rigor contra este flagelo.
Petro denunció que en regiones críticas como Barbacoas y Samaniego, en Nariño, caravanas de maquinaria pesada y dragas atraviesan libremente retenes militares y policiales, gracias al pago de sobornos.
“Como está pasando allá en Barbacoas y en Samaniego, están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen. ¿Por qué? Porque pagan una tajada allá, en esa zona, y entonces se quedan ciegos. Esto hay que arreglarlo”, afirmó el presidente.
El jefe de Estado reveló que existen investigaciones contra mandos militares y policiales presuntamente vinculados a estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal. Advirtió que quienes estén involucrados en estas “economías de la muerte” no pueden seguir al servicio del Estado y pidió depurar las listas de generales y oficiales implicados.
Como parte del plan, Petro instruyó la rotación permanente de personal en los distritos mineros para evitar que los uniformados sean cooptados por el poder económico de los grupos ilegales, particularmente el ‘Clan del Golfo’.
Minería ilegal, principal fuente de financiamiento de la violencia
El presidente señaló que la minería ilegal de oro ha superado al narcotráfico como el negocio más lucrativo para las mafias en Colombia, financiando sicariato y violencia en los territorios, además de causar graves daños ambientales por el uso de mercurio.
Ante esta situación, reiteró el impulso a la estrategia Ecodorado, que incluye la creación de una comercializadora estatal de oro para comprar directamente a pequeños mineros formalizados a precios justos y competitivos, rompiendo así su dependencia de las estructuras ilegales.
“Solo mediante la presencia de un Estado transparente y protector se podrá separar al minero tradicional de la influencia de los fusiles”, enfatizó.
Petro vinculó la lucha contra la minería ilegal con los objetivos de paz, protección ambiental y descarbonización del país, y pidió resultados concretos en los próximos meses.
Con esta directriz, el Gobierno busca recuperar el control territorial en las zonas mineras, proteger los ecosistemas y avanzar en la formalización de la pequeña minería como una actividad digna y legal.