Costos de la crisis en la Junta Directiva del Banco de la República
Bogotá, 15 de abril de 2026
Por Jorge Pulecio
Economista
La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de intervención del 10,25 % al 11,25 % el pasado 31 de marzo —tras haberla subido también en enero— constituye una clara retaliación política frente al incremento del 23 % en el salario mínimo decretado por el Gobierno nacional. Las consecuencias económicas e institucionales de esta medida pueden ser graves y requieren ser detenidas.
Mientras que en Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, decidió mantener estables las tasas de interés (entre 2,0 % y 2,15 %), a pesar de las presiones inflacionarias internacionales, y en Estados Unidos, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, también mantuvo las suyas en 3,5 % – 3,75 %, la Junta del Banco de la República optó por un incremento significativo.
El efecto inmediato de esta decisión será la entrada de capitales golondrina atraídos por las altas tasas de rentabilidad, sin que estos recursos se destinen a inversión productiva, ya que los costos financieros para el sector real se elevarán de manera considerable.
La consecuente revaluación del peso colombiano, que ya se encuentra en niveles elevados, encarecerá las exportaciones nacionales y abaratará las importaciones, lo que amenaza seriamente a los productores agrícolas e industriales del país. Esta situación se agrava porque China está desviando importantes volúmenes de mercancías hacia otros mercados.
Como resultado, se prevé una reducción del empleo productivo, mientras que en el corto plazo podría aumentar el consumo de bienes importados. Posteriormente, los mismos sectores neoliberales atribuirán esa caída del empleo al aumento del salario mínimo, y no a la política monetaria restrictiva.
El origen estructural de este conflicto radica en la Constitución de 1991. Aunque se buscaba que la Junta Monetaria cumpliera un doble objetivo —controlar la inflación y promover el empleo—, como ocurre en la Reserva Federal de Estados Unidos, finalmente se impuso la prioridad exclusiva al control de precios, siguiendo el “Consenso de Washington”.
El autor concluye que lograr que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga una verdadera autonomía, pero al mismo tiempo represente el interés general de la Nación, requiere una reforma constitucional.