Medidas cautelares buscan proteger a más de 31.000 indígenas en seis resguardos del Cauca

Popayán, 15 de abril de 2026.
Ante un escenario de riesgo grave e inminente, el Gobierno nacional impulsó la adopción de medidas cautelares para proteger a más de 31.000 personas pertenecientes a seis resguardos indígenas en el norte del departamento del Cauca.

La decisión fue decretada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, con base en el acompañamiento técnico de la Unidad de Restitución de Tierras, que evidenció múltiples afectaciones a estas comunidades en el marco de la ruta étnica de restitución.

Las medidas benefician a la Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxab de Caldono, que agrupa los resguardos de San Lorenzo, Pueblo Nuevo, Pioyá, Kwe’th Ki’na Las Mercedes, Laguna Siberia y La Aguada.

De acuerdo con el análisis realizado, la presencia de grupos armados ilegales en la zona ha generado graves vulneraciones, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios, amenazas y reclutamiento de menores, así como restricciones al ejercicio de derechos territoriales y culturales.

El despacho judicial concluyó que estas situaciones afectan de manera estructural la pervivencia de las comunidades, al comprometer su autonomía, su gobierno propio y sus prácticas ancestrales.

En respuesta, el juez ordenó a entidades nacionales y territoriales implementar acciones urgentes y coordinadas. Entre ellas se encuentran la evaluación del nivel de riesgo y la adopción de esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, así como el diseño de estrategias para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se dispuso la convocatoria de un Comité de Justicia Transicional con participación de entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de garantizar medidas de atención, asistencia y reparación a las personas afectadas por desplazamiento o confinamiento.

Las órdenes judiciales también incluyen el fortalecimiento de programas de formación, empleo rural y proyectos productivos con enfoque étnico, junto con acciones orientadas a la protección del territorio, la seguridad jurídica de los resguardos y la atención integral en salud, en articulación con las autoridades indígenas.

La Unidad de Restitución de Tierras destacó que estas medidas cautelares constituyen un instrumento clave dentro del proceso de restitución étnica que adelanta esta comunidad, actualmente en etapa administrativa, con el objetivo de garantizar sus derechos étnico-territoriales.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la protección de los pueblos indígenas y la articulación institucional necesaria para asegurar su reparación integral, su vida y su permanencia en sus territorios en medio de contextos de alta complejidad.

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