Más de 2.000 familias campesinas en Boyacá acceden a la propiedad legal de sus tierras tras décadas de informalidad
Tunja, 16 de abril de 2026.
Luego de más de cuatro décadas de espera, más de 2.000 familias campesinas del departamento de Boyacá recibieron títulos de propiedad sobre los predios que han trabajado históricamente, en una de las jornadas más significativas de formalización rural en la región.
La entrega se llevó a cabo en Tunja como parte del Plan 10.000 Zona Andina, una estrategia liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ha destinado cerca de 40.000 millones de pesos para avanzar en la legalización de tierras en Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
Con esta adjudicación, campesinos de 33 municipios del departamento obtienen seguridad jurídica sobre sus tierras, donde cultivan productos como papa, maíz, cebada, habas y diversas hortalizas. Este avance fortalece la soberanía alimentaria regional y consolida el arraigo de las comunidades en sus territorios.
Además de las familias beneficiadas, la jornada incluyó la entrega de 11 títulos a entidades públicas, entre ellas instituciones educativas rurales y sistemas de abastecimiento de agua potable en municipios como Santa Rosa de Viterbo y Boyacá, beneficiando a más de 1.100 usuarios.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que este proceso representa un cambio en el enfoque de la política pública rural. “No se trata de medirnos en hectáreas, sino en familias beneficiarias. Hoy tenemos la certeza de que más de 2.000 familias son propietarias de su tierra”, afirmó.
Con esta entrega, el Gobierno nacional alcanza un total de 6.882 títulos otorgados en Boyacá, mientras que el Plan 10.000 Zona Andina suma 11.337 títulos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
El departamento de Boyacá ha enfrentado históricamente altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra, debido a la fragmentación predial y la falta de procesos jurídicos formales. Durante generaciones, muchas familias han trabajado sus parcelas sin contar con registro legal, lo que ha limitado su acceso a créditos, programas estatales y seguridad jurídica.
Para los beneficiarios, la formalización representa un cambio profundo en sus condiciones de vida. “Es una gran satisfacción que nos hayan cumplido con la legalización de predios. Estoy muy contento por lo que hacen por nosotros como comunidad”, expresó Godeardo Pineda, uno de los campesinos favorecidos.
Esta iniciativa permitirá a las familias acceder a programas productivos, financiamiento y asistencia técnica, impulsando el desarrollo de sus proyectos agropecuarios y mejorando sus condiciones económicas.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, resaltó el impacto social de la medida. “La tierra es de quien la trabaja. Seguiremos construyendo un departamento más justo, donde los campesinos tengan derechos, oportunidades y reconocimiento”, señaló.
La ANT indicó que este proceso fue posible gracias a los barridos prediales realizados durante más de un año y medio, con el trabajo de equipos técnicos, jurídicos y topográficos, en articulación con la Gobernación de Boyacá.
La formalización de la pequeña propiedad rural se consolida así como un eje clave de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno nacional, orientada a reducir la informalidad en la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida del campesinado colombiano.