Canciller destaca avances en reforma rural ante la ONU durante informe sobre el Acuerdo de Paz

Nueva York, 21 de abril de 2026

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los avances de Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz, durante la presentación del informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en el país.

En su intervención, la canciller reiteró que el proceso de implementación del Acuerdo de Paz se mantiene como una política de Estado, orientada a consolidar transformaciones estructurales en los territorios, especialmente en materia de acceso a la tierra y desarrollo rural.

Uno de los principales puntos expuestos fue el avance en la Reforma Rural Integral, donde el Gobierno reportó la gestión de cerca de 6.887 hectáreas para el Fondo de Tierras en lo corrido de 2026. A esto se suma la redistribución de más de 305.000 hectáreas desde 2022 a campesinos y comunidades étnicas, como parte de los compromisos de equidad y justicia territorial.

Asimismo, se informó la formalización de más de 2 millones de hectáreas de tierra en el país, lo que representa cerca del 30% de la meta establecida en el punto 1 del Acuerdo de Paz. Estos resultados, según lo expuesto ante la ONU, reflejan avances concretos en el cierre de brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.

La canciller también destacó el impacto diferencial de estas políticas en materia de equidad de género, señalando que en regiones como el Catatumbo aproximadamente el 70% de las tierras entregadas han beneficiado a mujeres, fortaleciendo su participación en el desarrollo económico y social de los territorios.

El informe presentado ante el Consejo de Seguridad se enmarca en el seguimiento internacional a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, en el que la Misión de Verificación de la ONU cumple un papel de acompañamiento y monitoreo.

Durante la sesión, el Gobierno nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la comunidad internacional para avanzar en la implementación integral del Acuerdo, con énfasis en la transformación del campo colombiano y el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios.

Los avances expuestos fueron recibidos como parte del seguimiento periódico al proceso de paz, que continúa siendo objeto de evaluación por parte de Naciones Unidas en su labor de verificación en el país.

Colombia reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio y avanza en su reglamentación

Bogotá, 21 de abril de 2026

El Gobierno de las Oportunidades avanzó en el reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), con la protocolización de tres instrumentos normativos que reglamentan su implementación en el país. Esta decisión consolida un modelo educativo basado en las formas de conocimiento, organización y cosmovisión de 115 pueblos indígenas.

El avance se dio en el marco de la sesión 63 de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), tras una semana de trabajo que incluyó espacios autónomos, mesas técnicas y encuentros entre autoridades indígenas y entidades del Gobierno nacional.

Durante el proceso se lograron acuerdos sobre la estructura del sistema educativo indígena, el régimen de dinamizadores y las condiciones necesarias para su implementación en los territorios. Estos componentes buscan garantizar que la educación responda a las realidades culturales, sociales y territoriales de las comunidades indígenas del país.

Como parte de la reglamentación, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 002 del 20 de abril de 2026, mediante la cual se establecen lineamientos obligatorios para la implementación del SEIP y se reconoce como un régimen educativo especial con igualdad de jerarquía frente al sistema educativo nacional.

Entre los principales cambios, se define que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones educativas en sus territorios, que los calendarios académicos se ajustarán a sus dinámicas culturales y que los procesos formativos no estarán sujetos a esquemas estandarizados del sistema convencional, fortaleciendo así la autonomía educativa.

De manera complementaria, se emitió la Circular 026, que ajusta el Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI 3.0) a contextos con presencia de población indígena. Esta medida tendrá aplicación en 491 establecimientos educativos distribuidos en 45 entidades territoriales y 165 municipios.

La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina, destacó que este avance permite fortalecer la implementación del sistema y el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro del marco normativo nacional, al señalar la importancia de la educación como elemento clave para su pervivencia cultural.

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, resaltó el trabajo conjunto con las comunidades indígenas en la construcción de estos instrumentos, destacando la articulación entre el Gobierno y las autoridades tradicionales para avanzar en la adecuación institucional del sistema.

En paralelo, se definió la construcción de un modelo de financiación que garantice la sostenibilidad del SEIP, articulado con las fuentes de recursos establecidas en la normatividad vigente, así como una ruta metodológica para avanzar en temas de autonomía y soberanía alimentaria en articulación con la UApA.

Con la adopción de estos tres instrumentos —estructura del sistema, régimen de dinamizadores y esquema de financiación— se completa la reglamentación del Decreto Ley 0481 de 2025, en un proceso concertado con los pueblos indígenas del país.

Gobierno acata fallo judicial y avanza en la entrega ordenada de Coosalud EPS

Bogotá, 21 de abril de 2026

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, anunció el acatamiento del auto emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se ordena la suspensión provisional inmediata de la intervención forzosa administrativa de Coosalud EPS, vigente desde noviembre de 2024, y el retorno de su administración a los directivos originales.

La decisión judicial se produce tras el análisis de una acción popular que advirtió presuntos deterioros en el funcionamiento de la entidad durante el periodo de intervención. De acuerdo con el fallo, se evidenció un incremento del 32 % en las peticiones, quejas y reclamos entre 2024 y 2025, además de inestabilidad administrativa asociada a la rotación de cinco agentes interventores y dificultades en indicadores financieros y de liquidez.

En cumplimiento de la orden, la Superintendencia Nacional de Salud inició el proceso para estructurar un plan de trabajo que permita una transición ordenada, técnica y transparente en la entrega de la EPS. El objetivo, según la entidad, es garantizar que el cambio administrativo no afecte la continuidad en la atención de los afiliados ni la prestación de los servicios de salud.

El superintendente nacional de Salud (e), Jaime Hernán Urrego Rodríguez, confirmó la disposición institucional para acatar la decisión judicial y avanzar en el proceso de entrega bajo criterios de responsabilidad y coordinación interinstitucional.

En ese sentido, se convocó una mesa de trabajo con participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el agente interventor y equipos técnicos de la Superintendencia, con el fin de definir una hoja de ruta para el empalme y la entrega de la entidad.

El funcionario también informó que fue radicado un recurso de aclaración ante el Tribunal de Cartagena, con el propósito de precisar aspectos relacionados con la figura que debe recibir la EPS en el marco del proceso de restitución administrativa.

La Superintendencia reiteró que el proceso se desarrollará bajo la vigilancia de los entes de control y en cumplimiento del debido proceso, con el fin de garantizar la protección de los usuarios del sistema de salud.

El Gobierno nacional señaló que la prioridad en esta etapa es asegurar una transición institucional ordenada que permita preservar la estabilidad del sistema y la continuidad en la atención de los afiliados de Coosalud EPS, mientras se da cumplimiento a la decisión judicial.

En su primera misión, el Buque Hospital Benkos Biohó atendió a más de 2.600 pacientes en el litoral Pacífico en solo diez días

Bogotá, 21 de abril de 2026

En una intervención sin precedentes para la atención en salud en zonas de difícil acceso, el Ministerio de Salud reportó que el Buque Hospital Benkos Biohó atendió a más de 2.600 personas durante sus primeros diez días de operación en el litoral Pacífico, especialmente en comunidades rurales dispersas de Buenaventura.

La misión inicial de esta infraestructura flotante incluyó recorridos por los corregimientos de La Bocana, Juanchaco, Ladrilleros y La Plata, donde históricamente la población ha enfrentado barreras geográficas, económicas y logísticas para acceder a servicios médicos básicos y especializados. En muchos casos, los habitantes debían desplazarse durante varias horas o incluso días para recibir atención en centros urbanos.

Durante la jornada, el buque ofreció servicios de medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, odontología, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, permitiendo que cientos de pacientes recibieran atención oportuna sin salir de su territorio.

Entre los principales servicios prestados se registraron más de 400 consultas de medicina general, más de 300 atenciones odontológicas, más de 200 exámenes de laboratorio, además de consultas pediátricas, ginecológicas y de medicina interna. Esta oferta permitió ampliar la cobertura del sistema de salud en una región donde la dispersión geográfica ha sido un obstáculo constante.

Uno de los aspectos más relevantes de la misión fue la realización de procedimientos quirúrgicos a bordo del buque, donde se llevaron a cabo cerca de 24 intervenciones, entre ellas cirugías menores como herniorrafías y resecciones de lesiones, además de procedimientos de planificación familiar y terapias respiratorias. Esto redujo la necesidad de traslados hacia hospitales de mayor complejidad.

En materia de salud preventiva, la intervención también permitió la realización de 78 citologías, lo que facilitó la detección temprana de lesiones de alto riesgo y la activación inmediata de rutas de atención especializada. De igual forma, los equipos médicos identificaron situaciones que requirieron activación de rutas de protección para población infantil, garantizando un enfoque integral en la atención.

La presencia del Buque Hospital en el Pacífico representa una estrategia de acercamiento del sistema de salud a territorios históricamente excluidos, en los que el acceso a servicios depende muchas veces de condiciones geográficas y económicas adversas. Esta experiencia busca reducir esas brechas mediante una atención directa en el territorio.

Con esta primera misión, el Gobierno nacional impulsa un modelo de atención extramural que fortalece la equidad en salud y acerca los servicios médicos a comunidades donde antes resultaban de difícil acceso, consolidando la presencia institucional en el litoral Pacífico.

Chaparral: inaugurado puente de $9.400 millones para mejorar la conectividad en el sur del Tolima

Chaparral (Tolima), 21 de abril de 2026

En el corregimiento de Amoyá, municipio de Chaparral (Tolima), fue inaugurado el puente sobre el río Neme, una obra de infraestructura que busca mejorar la conectividad vial en el sur del departamento y facilitar el acceso de comunidades rurales a servicios básicos, mercados y centros urbanos.

El proyecto, que tuvo una inversión de 9.403 millones de pesos, fue ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con participación de la empresa Hocol S.A., como parte de una estrategia de articulación entre el sector público y privado para cerrar brechas históricas en infraestructura en zonas apartadas del país.

La obra responde a una demanda de más de cinco décadas por parte de la comunidad del territorio, que durante años enfrentó dificultades de movilidad, especialmente en temporadas de lluvias, cuando el paso por el río se volvía riesgoso o imposible.

Durante la inauguración, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, destacó el impacto del mecanismo de Obras por Impuestos en regiones priorizadas, señalando que este tipo de proyectos contribuye al desarrollo territorial y a la consolidación de la paz en municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

El puente de Amoyá no solo mejora la movilidad de los habitantes, sino que también fortalece la economía local, al facilitar el transporte de productos agrícolas y reducir los costos logísticos para campesinos y productores de la región.

Durante su visita al Tolima, la directora del DNP también participó en un acto simbólico en el municipio de Chaparral relacionado con el cambio de nombre del aeródromo local, en el que se resaltó la memoria histórica del general José María Melo y el reconocimiento a las comunidades indígenas del territorio.

Adicionalmente, se informó que entre 2025 y 2026 el Gobierno ha destinado más de 5.000 millones de pesos al mejoramiento del aeródromo José María Melo, como parte de una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura regional.

En el mismo recorrido institucional, se anunció la próxima expedición de un documento CONPES por 6 billones de pesos, orientado al mejoramiento de la infraestructura de transporte aéreo en distintas regiones del país. Este plan busca fortalecer la conectividad, dinamizar la economía local y mejorar las condiciones de acceso en territorios con baja cobertura de transporte.

Con estas intervenciones, el sur del Tolima avanza en la consolidación de infraestructura estratégica que impacta directamente la movilidad, la economía rural y la integración de comunidades históricamente aisladas.

Frutas como maracuyá, granadilla, curuba y gulupa se consolidan en más de 30 mercados internacionales

Bogotá, 21 de abril de 2026

La producción de pasifloras en Colombia se ha convertido en una de las apuestas más importantes del sector agropecuario, gracias a su impacto en la economía rural, la generación de empleo y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Frutas como el maracuyá, la granadilla, la curuba y la gulupa han logrado posicionarse en más de 30 mercados internacionales, incluyendo destinos como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, el país cuenta con más de 8.000 hectáreas sembradas de pasifloras y alrededor de 25.000 productores, en su mayoría pequeños y medianos agricultores que dependen de este cultivo para su sustento.

Este sector también ha contribuido a la diversificación de las exportaciones colombianas, con ingresos que alcanzan varios millones de dólares al año, impulsados por la alta demanda de frutas exóticas y el cumplimiento de estándares fitosanitarios internacionales.

La gulupa se destaca como una de las frutas con mayor crecimiento en exportación, debido a su valor agregado y aceptación en mercados exigentes.

La producción de pasifloras tiene una fuerte presencia en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Valle del Cauca, donde las condiciones climáticas favorecen su cultivo.

En estas regiones, este tipo de agricultura se ha convertido en una alternativa clave para el desarrollo rural, la generación de ingresos y la sustitución de economías ilícitas.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha sido fundamental en este proceso, al garantizar la sanidad vegetal, la certificación de exportaciones y el cumplimiento de normas fitosanitarias.

Entre sus principales acciones se encuentran el registro de predios productores, el monitoreo de plagas, la expedición de certificados fitosanitarios y la vigilancia del uso de plaguicidas autorizados.

También se promueve la implementación de buenas prácticas agrícolas, como el manejo responsable del suelo y el agua, el uso adecuado de insumos y la adopción de métodos sostenibles de producción.

Estas acciones buscan asegurar la calidad e inocuidad de las frutas, fortalecer la confianza de los mercados internacionales y mejorar la competitividad del sector agrícola colombiano.

Colombia cumple compromisos con la OCDE y se posiciona como referente regional en política regulatoria

Bogotá, 21 de abril de 2026

Colombia alcanzó un importante avance en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras recibir la aprobación total de sus compromisos en materia de política regulatoria durante la sesión número 34 del Comité de Política Regulatoria, realizada en París.

Este proceso, que estaba previsto para completarse en ocho años, fue finalizado en menor tiempo bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo que consolida al país como un referente regional en gobernanza normativa, simplificación de trámites y participación ciudadana.

Desde su ingreso a la OCDE, Colombia ha trabajado en el cumplimiento de compromisos en distintas áreas estratégicas. En el caso de la política regulatoria, el país logró articular a múltiples entidades del orden nacional, modernizar su marco normativo y avanzar hacia estándares internacionales en la toma de decisiones públicas.

Entre los principales avances reconocidos se destaca la implementación de la consulta pública como mecanismo obligatorio, el fortalecimiento del análisis de impacto normativo y la mejora en la coordinación de entidades reguladoras como superintendencias y comisiones.

Estos logros han sido posibles gracias a herramientas como el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), la adopción de criterios técnicos en la elaboración de normas y la expedición de nuevos marcos regulatorios que buscan mejorar la calidad de las decisiones del Estado.

En el ámbito nacional, estos avances se traducen en normas más claras, mejor fundamentadas y con mayor participación ciudadana en su construcción, lo que contribuye a reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas.

Para la ciudadanía, este proceso representa mayor acceso a la información pública, más espacios de participación y una mejora en la calidad de las regulaciones que impactan la vida cotidiana.

Durante una reciente cumbre regional, Colombia también presentó sus avances en simplificación de trámites y reducción de cargas administrativas, consolidando su posición como un país que no solo adopta estándares internacionales, sino que también comparte sus experiencias con la región.

Con este resultado, el país reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la construcción de un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Petro critica decisiones del gobierno de Ecuador y advierte sobre estrategias políticas basadas en el miedo

Bogotá, 21 de abril de 2026

Durante el Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro cuestionó algunas decisiones del gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, y advirtió sobre lo que calificó como una estrategia política basada en la generación de miedo y la confrontación.

El mandatario señaló que medidas como el aumento de aranceles a productos colombianos afectan la relación bilateral y no contribuyen a la integración regional ni a los acuerdos establecidos en el marco del Pacto Andino.

Según el presidente, este tipo de decisiones impactan directamente a la economía colombiana y se enmarcan en un contexto político más amplio que, a su juicio, busca influir en la opinión pública mediante el temor.

Durante su intervención, también afirmó que existen sectores de derecha, tanto a nivel nacional como internacional, que estarían utilizando discursos de miedo como herramienta política, especialmente en escenarios electorales.

El jefe de Estado sostuvo que estas narrativas buscan responsabilizar a Colombia de problemáticas regionales como el narcotráfico y la violencia, desconociendo los avances del Gobierno en la reducción de cultivos ilícitos y en la implementación de programas de sustitución voluntaria.

Asimismo, indicó que estas estrategias podrían tener como objetivo debilitar procesos de paz y afectar la estabilidad política de la región, generando división entre países vecinos.

El presidente también cuestionó la forma en que se abordan los problemas de seguridad en la región, señalando que no existe un tratamiento coherente frente a las dinámicas del narcotráfico en todos los países involucrados.

Finalmente, reiteró que Colombia seguirá defendiendo la cooperación internacional, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones estructurales frente a los problemas de seguridad y economías ilegales, alejándose de enfoques basados en la confrontación.

Seguridad fronteriza entre Colombia y Venezuela será el eje de la próxima cumbre presidencial

Bogotá, 21 de abril de 2026

Durante el Consejo de Ministros realizado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció que la seguridad en la región del Catatumbo será el tema central de la próxima cumbre presidencial entre Colombia y Venezuela.

El encuentro de alto nivel se llevará a cabo en Caracas y contará con la participación de delegaciones de ambos países, en el marco de la reactivación de la agenda bilateral.

El mandatario explicó que ha dado instrucciones al Ministerio de Defensa para organizar la comitiva colombiana con un enfoque en el área de seguridad, integrando principalmente autoridades militares y policiales.

El objetivo principal de la reunión será la construcción de un plan conjunto de seguridad en la zona fronteriza, especialmente en el Catatumbo, una región que enfrenta altos niveles de violencia y presencia de grupos armados.

El presidente señaló que este esfuerzo debe consolidarse con una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países, con el fin de mejorar la respuesta frente a las dinámicas de criminalidad en la frontera.

Además, destacó la importancia de fortalecer los sistemas de inteligencia binacional como herramienta clave para evitar afectaciones a la población civil durante operaciones de seguridad.

El mandatario advirtió que la falta de información precisa en operaciones militares puede generar consecuencias graves para las comunidades, por lo que insistió en la necesidad de mejorar la coordinación y el uso de inteligencia.

La cumbre también abordará otros temas de la relación bilateral, como el comercio y la cooperación energética, aunque la seguridad fronteriza será la prioridad principal.

Con este encuentro, el Gobierno busca avanzar en estrategias conjuntas que permitan estabilizar la frontera, reducir la violencia en la región y proteger a las comunidades que habitan en estas zonas.

Petro destaca reducción de cultivos de coca en la frontera con Ecuador gracias a la sustitución voluntaria

Bogotá, 21 de abril de 2026

Durante el Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de la frontera sur del país con Ecuador, en medio de preocupaciones por temas de seguridad, narcotráfico y decisiones arancelarias del país vecino.

En su intervención, el mandatario aseguró que durante su gobierno se ha logrado una reducción de los cultivos de hoja de coca, especialmente en las zonas fronterizas, gracias a la política de sustitución voluntaria.

Según explicó, la mayor disminución se ha presentado en regiones como Nariño, Putumayo y el Catatumbo, donde comunidades campesinas y afrodescendientes han participado en procesos de reemplazo de cultivos ilícitos por alternativas productivas.

El presidente afirmó que, en total, se han reducido cerca de 22.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el país, destacando que la frontera con Ecuador es una de las zonas donde más avances se han registrado.

También señaló que este resultado ha sido posible gracias al trabajo conjunto con comunidades rurales, aunque reconoció que en algunas regiones, como Antioquia, los avances han sido más limitados por la falta de apoyo institucional.

Durante la sesión, el mandatario presentó datos comparativos sobre la evolución de los cultivos entre 2018 y 2025, afirmando que en su administración se ha logrado contener el crecimiento de estos cultivos e iniciar su reducción.

Explicó que en el segundo semestre de 2022 se presentó un aumento en las hectáreas sembradas, pero sostuvo que este fenómeno no corresponde a su gestión, ya que el gobierno apenas comenzaba en ese periodo.

El presidente insistió en que, por primera vez desde 2019, se ha logrado una disminución sostenida de los cultivos de hoja de coca en el país, lo que atribuyó a la política de sustitución y a la estrategia de lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, solicitó al Ministerio de Defensa reforzar las acciones para continuar reduciendo estas áreas y reiteró la necesidad de mantener los esfuerzos en las regiones más afectadas por el narcotráfico.