Barranquilla vive un nuevo capítulo de tensión institucional en la Universidad del Atlántico. La designación de Rafael Castillo Pacheco como rector encargado, hecha por el Ministerio de Educación Nacional, desató un fuerte revuelo jurídico y político, al reactivarse cuestionamientos sobre su idoneidad legal para asumir el cargo.
El nombramiento se hizo efectivo este jueves y fue anunciado durante una rueda de prensa en la sede norte de la universidad, luego de que el Ministerio dejara sin efecto una resolución previa que ordenaba el reemplazo del rector Leyton Barrios. Según se conoció, dicha decisión habría quedado sin validez por una presunta irregularidad en su notificación.
Una sanción que reabre el debate
La principal controversia gira en torno a los antecedentes disciplinarios de Castillo Pacheco. En 2023, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años, al encontrarlo responsable de extralimitación de funciones durante su anterior periodo como rector de la Universidad del Atlántico.
Castillo Pacheco es economista y docente de la Universidad del Atlántico. Foto:Redes sociales
La sanción estuvo relacionada con el otorgamiento de una comisión de servicios remunerada al docente Wendell Graham Archibold Barrios, de la Facultad de Ciencias Económicas, para adelantar estudios doctorales en la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina. El Ministerio Público determinó que dicha comisión vulneró los principios de legalidad, rectitud y honestidad.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida con dolo, al considerar que las comisiones de servicio solo pueden concederse para funciones administrativas o académicas directamente relacionadas con el cargo.
Aunque Castillo ha sostenido que esa sanción fue revocada en segunda instancia, versiones conocidas en medios locales indican que en su contra sigue vigente una sanción disciplinaria de suspensión por cuatro meses, registrada en su certificado de antecedentes disciplinarios.
De hecho, el documento oficial de la Procuraduría señala que la medida fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025.
Requerimientos del Ministerio Público
Ante esta situación, expertos en derecho administrativo advierten que la existencia de antecedentes disciplinarios vigentes podría constituir una inhabilidad para ejercer cargos públicos, lo que abriría un nuevo frente legal sobre la validez del nombramiento.
En ese contexto, la Procuraduría solicitó a la Universidad del Atlántico información detallada sobre la aplicación de la sanción disciplinaria contra Castillo. Entre los puntos requeridos están la fecha exacta de inicio y finalización de la suspensión, las razones por las cuales no se habría ejecutado, en caso de no haberse aplicado, y copia de los actos administrativos relacionados.
El ente de control otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para entregar esta información, a través del correo oficial de la Procuraduría Regional Atlántico.
Acciones legales anunciadas de Leyton Barrios
La defensa del rector suspendido Leyton Barrios anunció la presentación de nuevas acciones legales. Su abogado, Iván Cancino, aseguró que se han configurado violaciones al debido proceso y habló de una “persecución sistemática” contra su defendido.
Leyton Barrios asegura que sigue con su agenda de trabajo. Foto:Redes sociales
Según Cancino, la designación de Castillo sería aún más grave si se confirma que existe una inhabilidad vigente. “Se estaría nombrando a una persona que, al parecer, no puede ejercer cargos públicos por una sanción disciplinaria relacionada precisamente con su paso anterior por la misma universidad”, afirmó.
El abogado incluso advirtió que el ministro de Educación, Daniel Rojas, podría estar incurriendo en una falta grave, con eventuales consecuencias disciplinarias y penales, si se demuestra que el nombramiento desconoció el marco legal.
Respaldo político y hoja de ruta
Pese a la controversia, el gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su respaldo al rector encargado y señaló que la decisión del Gobierno nacional busca recuperar la normalidad institucional.
Rafael Pacheco, el gobernador Eduardo Verano y la delegada de Presidencia Melissa Obregón. Foto:Gobernación
“El Ministerio de Educación ha tomado decisiones orientadas a la normalización de la universidad y cuenta con todo nuestro respaldo para avanzar en ese proceso”, afirmó Verano.
Por su parte, Rafael Castillo aseguró que su prioridad será restablecer las actividades académicas y administrativas. Confirmó que presidirá la ceremonia de grados programada para este viernes y que convocará un Consejo Académico extraordinario para ajustar los calendarios de los semestres 2025 y 2026.
Desde el Gobierno nacional, la representante presidencial ante el Consejo Superior, Melissa Obregón, destacó el conocimiento que tiene Castillo sobre la situación administrativa y financiera de la universidad y aseguró que el Ejecutivo acompañará el proceso para recuperar la credibilidad institucional.
Mientras tanto, la Universidad del Atlántico permanece en el centro de una disputa jurídica y política que mantiene en vilo a estudiantes, docentes y directivos, a la espera de que las autoridades aclaren si el nombramiento cumple o no con los requisitos legales.
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