El silencio en el monte se había roto. No era el de un animal espantado ni el de una rama quebrada, era un silencio pesado, denso, cargado de la presencia del acero y la tecnología. La Cuarta Brigada del Ejército, junto con el CTI, no había llegado por casualidad. Habían llegado como cirujanos, con un corte preciso en el sector de Ituango, directo al corazón del campamento donde se escondía Andrés Ruiz Ruiz., alias «Manteco» La información había sido demasiado perfecta, demasiado rápida. Demasiado limpia.
Mientras los soldados rodeaban la zona, la duda se envenenaba entre los hombres de Wilmar de Jesús Molina Graciano alias «Tres Codos». ¿Quién cantó? La pregunta flotaba en el aire, más peligrosa que cualquier bala. Las miradas se cruzaban y ya no había confianza, solo sospecha. Y en medio de ese torbellino de paranoia, un nombre resonaba con más fuerza que otros: «Iván». No cualquier Iván, sino «Iván Mordisco» o «Marlon», los jefes de la estructura. ¿Habrían sido ellos? ¿Habían vendido a un hombre leal como «Manteco» para ganar un punto para su futura desmovilización, para limpiar su imagen, para simplemente deshacerse de un guerrillero demasiado problemático?
La idea era un veneno que se extendía por las venas. Si un jefe podía sacrificar a un guerrillero, ¿qué seguridad les quedaba a ellos? A los que aún estaban libres, escondidos en la maleza, escuchando el operativo a lo lejos, el miedo era ahora un compañero constante. Ya no era el miedo a una bala perdida en un combate, era el miedo a la puñalada por la espalda. Era el terror de saber que su propia sombra podría delatarlos, que el hombre con el que compartían el tinto de la mañana podía estar vendiendo su ubicación por unos pesos o por un cargo.
La captura de de alias «Tres Codos» no era solo la caída de un hombre. Era la prueba tangible de que estaban solos, de que la hermandad guerrillera era una mentira. Cada uno de ellos empezó a pensar en la misma cosa sus rostros lo demostraban quien nos traicionó, en la única salida que quedaba cuando tus propios jefes te consideran desechable. Entregarse. La idea, antes impensable, ahora a tomar forma. ¿Para qué seguir luchando por una causa que te traiciona? ¿Para qué seguir obedeciendo a unos «Ivanes» que te cambian por una operación de prensa?
El miedo que ahora sentían no era al Ejército. Era a ellos mismos. Era a la traición. Y en ese miedo, la semilla de la rendición empezó a germinar, sabiendo que el verdadero enemigo no siempre llevaba uniforme. A veces, llevaba el mismo rostro y la misma camuflada que tú.
En una de las movilizaciones militares más grandes de los últimos años en el nororiente del país, la Ejército Nacional de Colombia anunció el inicio de una mega operación de seguridad liderada por la Segunda División del Ejército Nacional, que contempla el despliegue de más de 14.000 uniformados en puntos estratégicos del departamento de Norte de Santander, con especial prioridad en la convulsa región del Catatumbo.
La operación, que ya comenzó a ejecutarse desde la madrugada de este viernes, incluye tropas de fuerzas especiales equipadas con tecnología de última generación, sistemas de vigilancia aérea y capacidades de inteligencia para anticipar cualquier intento de perturbación del orden público durante los escrutinios electorales que iniciarán a partir de marzo.
Un despliegue sin precedentes
Fuentes oficiales confirmaron que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los ciudadanos, la transparencia del proceso electoral y la libre expresión democrática, en una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.
El plan contempla la ocupación estratégica de corredores rurales, cabeceras municipales, rutas de transporte electoral y zonas cercanas a puestos de votación, además del fortalecimiento de la presencia institucional en áreas consideradas de alto riesgo.
“Estamos adelantando un despliegue integral que combina presencia militar, inteligencia y tecnología, para asegurar que los procesos de escrutinio se desarrollen con total normalidad”, indicaron fuentes del alto mando militar.
Una red de cooperantes campesinos ya está operando
Uno de los aspectos más llamativos del operativo es la confirmación de que desde finales de 2025 se ha venido consolidando una red de cooperantes campesinos en diferentes veredas y municipios de la región.
Esta red comunitaria tiene la misión de reportar movimientos sospechosos, presencia de actores armados o posibles amenazas contra la población civil, permitiendo a las autoridades reaccionar con mayor rapidez.
Según las autoridades, el sistema busca fortalecer la confianza entre la comunidad y la Fuerza Pública, creando canales de comunicación seguros para prevenir delitos electorales, constreñimiento, trashumancia, secuestros, extorsiones o actos de terrorismo.
Inteligencia encubierta y vigilancia satelital
Dentro del dispositivo de seguridad también se confirmó la presencia de agentes de inteligencia encubiertos, así como un sistema de monitoreo satelital permanente sobre puestos de votación e infraestructura crítica.
Este esquema permitirá una reacción inmediata y coordinada entre las diferentes fuerzas, ante cualquier intento de sabotaje o intimidación a la población.
Las autoridades aseguran que el despliegue incluye capacidad de intervención terrestre, aérea y tecnológica, lo que convierte la operación en una de las más completas implementadas recientemente en la región.
Líneas seguras para denunciar
Como parte de la estrategia de participación ciudadana, se activaron líneas telefónicas gratuitas y seguras, disponibles las 24 horas, para denunciar actividades criminales con absoluta reserva.
Entre los canales habilitados se encuentran:
107 – Línea del Ejército Nacional
147 – GAULA Militar
165 – GAULA de la Policía Nacional
146 – Red de cooperantes de la Armada de Colombia
123 – Número general de emergencias
323 227 2583 – Línea oficial de WhatsApp para denuncias
Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con absoluta confidencialidad y que existen programas de recompensas para quienes aporten datos que permitan prevenir delitos o capturar a responsables.
Un mes clave para la seguridad en la región
El despliegue militar marca el inicio de un mes decisivo para la seguridad en Norte de Santander, donde históricamente los procesos electorales han requerido fuertes medidas de protección.
Con esta operación, el Estado busca garantizar que cada voto sea contado en libertad y sin presiones, en una región donde la seguridad sigue siendo un factor determinante para la estabilidad democrática.
Mientras las tropas continúan llegando a diferentes municipios del Catatumbo, la expectativa ahora se centra en cómo reaccionarán los grupos armados ilegales ante esta masiva presencia militar y si el operativo logrará mantener la calma durante todo el proceso de escrutinios.
En los últimos días se conoció uno de los resultados operacionales más contundentes de los últimos años contra la organización criminal Ejército de Liberación Nacional (ELN). En exclusiva, este medio estableció que el éxito de la operación se debió a un trabajo de inteligencia que logró penetrar el interior del grupo armado ilegal. De acuerdo con información obtenida por este medio, la inteligencia militar logró acceder a chats en los que un integrante activo del ELN coordinaban directamente con personal de inteligencia, suministrando detalles clave sobre la estructura, su armamento, la ubicación del campamento y el cabecilla que lideraba esta área campamentaria.
Aunque históricamente el ELN se ha caracterizado por su hermetismo, clandestinidad y disciplina en el manejo de la información, en esta ocasión la inteligencia militar consiguió infiltrarse en el corazón de la estructura, logrando conocer su rutina diaria, la cual se basaba principalmente en la construcción de trincheras, posiciones defensivas y áreas seguras para repeler ataques del Frente 33. Esta confrontación entre ambas organizaciones ilegales se desarrollaba de manera indiscriminada, como lo manifiesta el propio integrante del ELN, quien expresó su desmotivación ante los constantes ataques del Frente 33, señalando que las granadas empleadas por esta estructura serían más letales y causarían mayores afectaciones. Asimismo, se logró establecer que el área atacada durante el bombardeo funcionaba como un punto fuerte para la organización, con una presencia aproximada de 50 subversivos. Diariamente, estos se dedicaban a cavar trincheras, llenar costales y ubicar campos minados para impedir el ingreso tanto de unidades de la Fuerza Pública como del Frente 33. Durante la operación se incautaron cerca de 100 kilogramos de ANFO y 202 granadas artesanales adaptadas para drones, elementos que venían generando afectaciones incluso a las comunidades cercanas. Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 31 de enero, cuando dos campesinos de la vereda Orú, en el municipio de El Tarra, tuvieron que ser evacuados tras resultar gravemente heridos en sus extremidades al pisar un campo minado ubicado cerca de sus fincas. Dentro del material recopilado por inteligencia se evidencian audios en los que el informante del ELN señala que en este campamento permanecía el sujeto conocido como alias Jhon Breiner, encargado de la seguridad, logística y comisiones del lugar. El informante también indicó que en el campamento había alrededor de 40 subversivos armados con pistolas, fusiles y armamento de largo alcance.
Según confirmación de la Fuerza Pública, alias Jhon Breiner resultó herido durante el bombardeo, pero logró sobrevivir y escapar del sitio. Durante la operación se logró la incautación de un importante arsenal, compuesto por: 14 armas largas tipo fusil, un rifle de precisión calibre 7.62, seis armas cortas tipo pistola, 36 proveedores de fusil Galil calibre 5.56, 36 proveedores de fusil AK-47, 11 proveedores de fusil M-16, nueve proveedores calibre 9 mm, 159 cartuchos calibre 9 mm, 92 cartuchos calibre 5.7 x 28, 4.200 cartuchos calibre 5.56 y 5.800 cartuchos calibre 7.62. Adicionalmente, la inteligencia militar indagó a través del informante por el responsable de la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, ocurrida el pasado 16 de enero en el municipio de Tibú. Frente a este hecho, el subversivo aseguró que la acción fue perpetrada por integrantes al mando del sujeto conocido como alias Chiquitín, quien, según información difundida por medios locales, sería el encargado de controlar retenes ilegales en la vía Tibú–La Gabarra. En diciembre, estos mismos actores habrían amedrentado a comunidades de la vereda Palmeras, en el municipio de Tibú
Ataque a la unidad militar en Ocaña
En un intento por vengar las aproximadamente 16 muertes y más de 30 heridos sufridos durante la operación “Elías”, el ELN habría planeado una acción terrorista desde el municipio de Convención. Esta acción sería liderada por alias Kevin, señalado por inteligencia como el cuarto cabecilla del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, con injerencia en el municipio de San Calixto. El plan consistía en un ataque con rampas contra las instalaciones del Batallón Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña.
No obstante, unidades militares ya contaban con la alerta temprana, presuntamente suministrada por otro integrante del grupo armado que, de manera anónima, contactó a personal de inteligencia. Gracias a esta información, la acción no causó afectaciones a la vida de los militares. Por el contrario, la rápida reacción de la unidad permitió la muerte en desarrollo de operaciones militares de un subversivo y la captura de otro presunto integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, responsable de abandonar una volqueta cargada con artefactos explosivos.
Finalmente, y pese a este panorama, el ELN habría emitido un comunicado en el que manifiesta supuestas intenciones de paz y acercamientos a diálogos. Sin embargo, según fuentes consultadas, esta postura respondería a un intento por ocultar su actual estado de debilidad, la creciente desconfianza entre sus cabecillas y el desprestigio ante las comunidades, organismos internacionales, garantes de derechos humanos y la población civil del Catatumbo. Una situación que evidencia el impacto de las confrontaciones con las disidencias de la estructura 33 —conflicto iniciado por el propio ELN— y la contundencia operacional de la Fuerza Pública.
Queda entonces un interrogante abierto sobre lo que ocurrirá al interior de la organización ilegal, cada vez más presionada por las disputas internas y la pérdida sostenida de control territorial. Mientras las disidencias continúan avanzando y consolidando presencia en zonas históricamente dominadas por el ELN, las afectaciones operacionales, humanas y estratégicas se profundizan día tras día. Este escenario no solo evidencia un debilitamiento progresivo de la estructura armada, sino que también deja en entredicho su capacidad real para sostener el mando, cohesionar a sus frentes y mantener influencia frente a un adversario que, al parecer, le está arrebatando terreno y protagonismo en el conflicto.
El presidente Gustavo Petro denunció este martes 10 de febrero de 2026, durante un Consejo de Ministros celebrado en Montería (Córdoba), la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida y la de su familia, en medio de una grave alerta de seguridad que obligó a modificar rutas de desplazamiento y a tomar medidas internas en las fuerzas de seguridad. En una intervención que sorprendió a los presentes, el mandatario reveló que en los últimos días las autoridades encargadas de su protección detectaron maniobras dirigidas a asesinarlo. Según Petro, el plan incluyó la amenaza de un ataque armado contra el helicóptero presidencial en el que viajaba junto a sus hijos el lunes por la noche, lo que le impidió aterrizar en Montería y lo obligó a desviarse mar adentro durante varias horas. «Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten», expresó el jefe de Estado, visiblemente afectado, al detallar cómo evitó el supuesto atentado aéreo. Añadió que, en un incidente previo, un alto oficial de la Policía Nacional —al que ordenó retirar inmediatamente del servicio— habría recibido instrucciones para introducir sustancias psicoactivas (alucinógenos) en uno de los vehículos de su caravana presidencial. El objetivo de este montaje, según Petro, era desacreditarlo y sabotear la reciente reunión bilateral que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca. «Alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y destruir la reunión con Trump de alguna manera», afirmó, vinculando el complot a sectores interesados en afectar su agenda internacional y su lucha contra el narcotráfico. Fuentes cercanas al gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, Hollman Morris, confirmaron que el plan descubierto también contemplaba acciones contra la familia presidencial, lo que eleva la gravedad de las amenazas. El anuncio se produjo en el contexto de un consejo ministerial enfocado en la emergencia por inundaciones en el noroeste del país, pero rápidamente escaló a nivel nacional e internacional. Esta no es la primera vez que Petro alerta sobre riesgos contra su integridad. Desde su llegada al poder en agosto de 2022, ha mencionado en varias ocasiones la existencia de una «nueva junta del narcotráfico» —con presuntos aliados nacionales e internacionales— que busca eliminarlo. En septiembre de 2024, por ejemplo, citó una alerta de la DEA sobre un posible atentado con explosivos. Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni las autoridades de seguridad (como la Policía Nacional o el Ejército) han emitido un comunicado oficial detallando investigaciones, capturas o evidencias concretas del supuesto plan. La denuncia se mantiene en desarrollo, mientras se espera que el Gobierno proporcione más precisiones sobre las medidas adoptadas para reforzar la protección presidencial y de su núcleo familiar. El episodio intensifica el clima de polarización política en Colombia a menos de un año del fin del mandato de Petro, en un contexto marcado por tensiones con sectores opositores, debates sobre la seguridad nacional y el impacto de sus políticas en la lucha contra el crimen organizado.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.
Inicia una nueva etapa en el ‘Desafío’, en esta ocasión, la presentadora sorteara las parejas que serán las primeras en competir en el Box Blanco y asegurar el cupo en la Semifinal. En el capítulo 133 del ‘Desafío’ se inicia una nueva fase dentro de la competencia. Andrea Serna, realiza la llamada habitual a la casa antes de la prueba y les comunica a los participantes que comienza la etapa de Duelos de Salvación. En esta instancia, las parejas ya conformadas dejan de competir al mismo tiempo y pasan a enfrentarse directamente en los Boxes bajo una nueva dinámica.
Las parejas se sortearán para el Duelo de Salvación:
Durante la comunicación, la presentadora les indica a Gero, Rosa, Zambrano, Miryan, Valkirya, Gio, Rata y Valentina que las parejas serán sorteadas para definir los enfrentamientos. El azar determina quién compite contra quién en esta jornada decisiva. Cada duelo se desarrolla entre dos parejas y el resultado tiene consecuencias directas en el avance dentro del programa.
La mecánica establece que de cada enfrentamiento solo una pareja asegura su cupo en la semifinal. La dupla que obtenga la victoria garantiza su permanencia en la competencia y evita cualquier riesgo inmediato de eliminación. Por el contrario, los participantes que pierdan el duelo recibiran el Chaleco de Sentencia. Este elemento marca una condición de riesgo y obliga a sus portadores a presentarse en el Desafío de Muerte.
El presidente Gustavo Petro advirtió este martes que, si la Corte Constitucional no aprueba la declaratoria de Emergencia Económica y Social decretada en diciembre pasado, el Gobierno expedirá un nuevo decreto con el mismo propósito. “Ese es nuestro Plan B”, afirmó el mandatario durante la segunda sesión del Consejo de Ministros, realizada en Montería (Córdoba).
En su intervención, Petro reiteró su solicitud al alto tribunal para que declare exequible el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el cual estableció la emergencia en todo el territorio nacional y permitió la expedición de medidas tributarias extraordinarias. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente sus efectos —incluido el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre que creaba impuestos al patrimonio, a licores y otros gravámenes— mediante una medida cautelar, mientras resuelve de fondo la demanda de inconstitucionalidad.
“Si no nos dejan la emergencia económica —que a quién se le ocurre que en este momento no deba haber una—, entonces nos toca decretarla otra vez, a riesgo”, expresó el jefe de Estado. Agregó que, sin esos recursos, el Gobierno enfrentaría la necesidad de recortar $13 billones del presupuesto, lo que impactaría directamente a gobernadores y regiones afectadas por la crisis climática actual.
Petro cuestionó de dónde saldrían los fondos para atender los daños estimados entre $7 y $10 billones (cifra aún en consolidación) por las inundaciones y el frente frío que azota especialmente al Caribe colombiano: “¿De los niños que tienen hambre? ¿De los trabajadores a los que no les quieren subir el salario? (…) No puede salir sino de los ricos”. Insistió en que los nuevos impuestos —en caso de una segunda emergencia— recaerían en la “cúpula” de la sociedad, excluyendo a pequeños y medianos empresarios, campesinos, trabajadores y profesionales.
“Hay unos ricos que estaban en el decreto; entonces ahora habrá menos; o sea, la cupulita es la que tiene que pagar todo de nuevo”, sostuvo, y mencionó ejemplos como el impuesto al alcohol y la suspensión de gravámenes a grandes fortunas, como la del empresario Luis Carlos Sarmiento. “Mientras el campesinado de Córdoba está con el agua al cuello, a él se le han suspendido los impuestos que no ha pagado”, criticó.
El presidente enfatizó que el Gobierno respeta la autonomía de la Corte Constitucional, pero advirtió que, de mantenerse la suspensión, las consecuencias serían inmediatas: menos transferencias a las regiones y la activación de un plan alternativo para financiar la atención de la emergencia climática y el déficit fiscal.
La declaración se produce en medio de la grave situación por lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre, donde el Ejecutivo ha solicitado insistentemente al tribunal levantar la medida cautelar para disponer de herramientas rápidas de recaudo. El tema ha generado amplio debate político y jurídico en el país.
Las cookies necesarias habilitan funciones esenciales del sitio como inicios de sesión seguros y ajustes de preferencias de consentimiento. No almacenan datos personales.
Ninguno
►
Las cookies funcionales soportan funciones como compartir contenido en redes sociales, recopilar comentarios y habilitar herramientas de terceros.
Ninguno
►
Las cookies analíticas rastrean las interacciones de los visitantes, proporcionando información sobre métricas como el número de visitantes, la tasa de rebote y las fuentes de tráfico.
Ninguno
►
Las cookies de publicidad ofrecen anuncios personalizados basados en tus visitas anteriores y analizan la efectividad de las campañas publicitarias.
Ninguno
►
Las cookies no clasificadas son aquellas que estamos en proceso de clasificar, junto con los proveedores de cookies individuales.
