Icfes avanza en preinscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT en el segundo semestre de 2026 en Colombia

Bogotá. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) avanza en el proceso de preinscripción para la presentación de las pruebas Saber Pro, Saber TyT y Saber Pro y TyT, correspondientes al segundo semestre de 2026, en coordinación con las Instituciones de Educación Superior (IES) del país.

El proceso de preinscripción, según lo establecido por la entidad, estará disponible hasta el viernes 15 de mayo de 2026, mientras que la aplicación de las pruebas se realizará el domingo 6 de septiembre de 2026.

El 27 de marzo de 2026, en Bogotá, el Icfes confirmó el avance del cronograma de estas pruebas, reiterando su importancia como requisito para la obtención del título profesional, técnico o tecnológico en el país.

Proceso de evaluación y participación de estudiantes

Las pruebas están dirigidas a estudiantes que se encuentren próximos a culminar su educación superior, es decir, aquellos que hayan completado al menos el 75% de los créditos de su programa académico. Estas evaluaciones son un requisito obligatorio para poder obtener el título.

La directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones educativas para fortalecer los procesos de evaluación y garantizar la calidad de la educación superior en Colombia.

Cronograma de inscripción y publicación de resultados

El proceso contempla diferentes etapas:

• Preinscripción: hasta el viernes 15 de mayo de 2026
• Registro y recaudo ordinario: hasta el viernes 15 de mayo de 2026
• Registro y recaudo extraordinario: del martes 19 de mayo al viernes 12 de junio de 2026
• Publicación de citaciones: viernes 21 de agosto de 2026
• Aplicación de pruebas: domingo 6 de septiembre de 2026
• Certificados de asistencia: desde el lunes 28 de septiembre de 2026
• Resultados individuales: desde el martes 22 de diciembre de 2026

Competencias evaluadas y objetivos

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT evalúan competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés, además de módulos específicos según el programa académico.

Estas evaluaciones permiten medir la calidad de la educación superior, apoyar la toma de decisiones en política pública y brindar información clave a estudiantes e instituciones sobre el desarrollo de competencias para el mundo laboral.

Importancia de las pruebas

La prueba Saber Pro está dirigida a estudiantes universitarios y constituye un instrumento clave para evaluar la calidad de los programas académicos. Por su parte, la prueba Saber TyT está enfocada en estudiantes de formación técnica y tecnológica, y también es requisito de grado.

El Icfes reiteró la necesidad de que las instituciones educativas promuevan activamente la participación de sus estudiantes en este proceso, con el fin de fortalecer la evaluación educativa en el país.

Gobierno activa plan de modernización aérea con inversión de $167 mil millones en seis aeropuertos en Colombia

Bogotá. El Ministerio de Transporte, en articulación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), puso en marcha un plan de modernización del sistema aeroportuario con una inversión de 167 mil millones de pesos, orientado a fortalecer la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los usuarios en seis aeropuertos estratégicos del centro-norte del país.

El anuncio fue realizado en Bogotá el 27 de marzo de 2026, en el marco de las acciones del Gobierno nacional para responder al crecimiento sostenido del transporte aéreo y a la necesidad de modernizar la infraestructura existente.

Las obras se ejecutarán a través del concesionario encargado, sin modificar el contrato vigente, el cual se mantiene hasta el año 2032. Esta estrategia permitirá acelerar la implementación de las intervenciones y optimizar los tiempos de ejecución.

Ampliación de capacidad en el aeropuerto de Rionegro

El principal foco de inversión será el aeropuerto de Rionegro, que actualmente moviliza cerca de 14 millones de pasajeros al año, superando su capacidad instalada de 11 millones. Con este plan, se proyecta ampliar su capacidad hasta 17 millones de pasajeros anuales, en respuesta al aumento de la demanda aérea en el país.

De acuerdo con la ministra de Transporte, Mafe Rojas, el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria busca garantizar un sistema más eficiente, seguro y acorde con las necesidades de los viajeros.

Intervenciones en infraestructura y servicios

El plan contempla la optimización de áreas de check-in, modernización del sistema de manejo de equipaje, fortalecimiento de los filtros de seguridad, ampliación de salas de espera y embarque, así como mejoras en las zonas de migración.

Asimismo, se prevé la construcción de nuevas plataformas operativas y un centro de conexiones que permitirá mejorar la eficiencia en las operaciones aéreas y la conectividad nacional e internacional.

Aeropuertos beneficiados

Además de Rionegro, el programa de modernización incluirá intervenciones en otros cinco aeropuertos estratégicos del país: Medellín, Montería, Carepa, Quibdó y Corozal. En estos se ejecutarán obras de mantenimiento, mejoramiento de pavimentos, adecuaciones de infraestructura y refuerzos en las condiciones de seguridad aérea.

Estas intervenciones responden a necesidades acumuladas durante más de una década, y se orientan a actualizar la infraestructura aeroportuaria frente al crecimiento del tráfico de pasajeros.

Compromiso con la conectividad del país

El Gobierno nacional destacó que esta inversión reafirma su compromiso con el desarrollo de una infraestructura moderna y eficiente, capaz de responder a las demandas actuales y futuras del transporte aéreo.

Con estas acciones, se busca fortalecer la conectividad entre regiones, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos en el territorio nacional.

Aumento salarial del 7% para servidores públicos en Colombia en 2026

Bogotá Marzo 27. El Gobierno nacional expidió los decretos que establecen el incremento salarial para los servidores públicos durante el año 2026, beneficiando a trabajadores de las entidades de las ramas ejecutiva y judicial, así como al personal docente en todo el país.

El ajuste salarial, que se fijó en un 7%, fue acordado previamente en el marco de la Negociación Nacional del Sector Público, realizada en abril de 2025 entre el Gobierno, las centrales y federaciones sindicales.

De acuerdo con lo establecido en dicha negociación, el incremento para 2026 se calculó tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que cerró en 5,1%, más un 1,9% adicional pactado entre las partes.

Alcance del incremento salarial

El aumento aplica a servidores públicos de las ramas ejecutiva y judicial, incluyendo a docentes del sector público. En el caso de la rama legislativa (Senado y Cámara de Representantes), así como para uniformados, empleados oficiales y servidores de entidades territoriales, el incremento será definido de acuerdo con su autonomía, pero tomando como referencia lo acordado en la mesa de negociación nacional.

Los decretos también establecen que el incremento tiene carácter retroactivo, por lo que deberá aplicarse y pagarse desde enero de 2026.

Formalización de la medida

El Gobierno confirmó que el aumento salarial quedó oficializado mediante decretos firmados por el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Administrativo de la Función Pública.

El anuncio se realizó en Bogotá el 27 de marzo de 2026, consolidando así el ajuste salarial acordado previamente como parte de la política laboral del Gobierno nacional.

Gobierno aprueba inversión de $13 billones para fortalecer capacidades de la Fuerza Pública en Colombia

Bogotá. El Gobierno nacional avanza en el proceso de modernización de las capacidades de defensa del país tras la aprobación de un documento clave que permitirá una inversión significativa en el sector seguridad.

El 27 de marzo de 2026, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó la aprobación del documento del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el cual respalda una inversión de 13 billones de pesos destinada al fortalecimiento de la Fuerza Pública en Colombia.

Este aval fiscal permitirá la financiación del Documento Conpes de Declaración de Importancia Estratégica (DIE), una herramienta fundamental para organizar y priorizar los recursos dirigidos al fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas militares y policiales.

Distribución de la inversión para la Fuerza Pública

Los recursos aprobados se distribuirán entre las diferentes instituciones de la siguiente manera: el Ejército Nacional recibirá el 44,9% (equivalente a 5,8 billones de pesos), la Armada Nacional el 26,5% (3,4 billones), la Fuerza Aeroespacial Colombiana el 10,2% (1,3 billones) y la Policía Nacional el 18,3% (2,3 billones).

De acuerdo con la directora del DNP, Natalia Irene Molina, este Conpes permitirá estructurar inversiones estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad nacional, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y proteger la vida de quienes integran la Fuerza Pública.

Modernización de capacidades estratégicas

El documento contempla inversiones en áreas clave como sistemas de defensa antidrones, adquisición de aeronaves para transporte y operaciones estratégicas, embarcaciones, vehículos operativos y tecnologías avanzadas para inteligencia y seguridad.

Estas capacidades fortalecerán la respuesta del Estado frente a amenazas como el narcotráfico, los grupos armados organizados y otras dinámicas de criminalidad que afectan diversas regiones del país.

Contexto y decisiones del Gobierno

La aprobación de este documento se enmarca en las directrices dadas por el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del pasado martes, en el que se solicitó acelerar el trámite del Conpes para fortalecer la Fuerza Pública.

La sesión de aprobación del Conpes fue convocada para el mismo 27 de marzo de 2026 a las 7:00 p. m. en la Casa de Nariño, consolidando así una decisión estratégica en materia de seguridad nacional.

Este proceso se dio en un contexto reciente de atención institucional tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo (Putumayo), que dejó un saldo de 69 militares fallecidos, lo que aceleró la toma de decisiones para el fortalecimiento de las capacidades operativas.

El Gobierno reiteró su compromiso con la modernización del sector defensa y el uso responsable de los recursos públicos, orientados a garantizar la seguridad y estabilidad del país.

Gobierno reporta inversión histórica en educación pública en ciudades capitales de Colombia

Bogotá. El Gobierno nacional destacó un aumento significativo en la inversión destinada al sector educativo en las principales ciudades capitales del país, abarcando desde la educación inicial hasta la educación superior, así como infraestructura, alimentación escolar y formación docente.

El 27 de marzo de 2026, el Ministerio de Educación presentó un comunicado en el que expuso cifras oficiales que evidencian un crecimiento sostenido de los recursos destinados a la educación pública, desmintiendo afirmaciones sobre una supuesta falta de inversión en los territorios.

De acuerdo con la entidad, el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones (SGP), principal fuente de financiación de los colegios públicos, ha permitido mejorar la calidad, cobertura y funcionamiento del sistema educativo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena e Ibagué.

Entre 2022 y 2025, las transferencias a estas ciudades, en precios constantes de 2025, pasaron de $5,9 billones a $8,2 billones, lo que representa un crecimiento real del 38%. Estos recursos han sido destinados al pago de docentes, atención de estudiantes, ampliación de cobertura y fortalecimiento de la calidad educativa.

Fortalecimiento de la educación básica y programas complementarios

El Gobierno también resaltó el incremento en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyas transferencias crecieron un 65,3% al pasar de $61,1 mil millones en 2022 a $101 mil millones en 2025, contribuyendo a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

En materia de formación docente, se han otorgado 850 créditos condonables con una inversión de $17,6 mil millones, permitiendo el acceso a procesos de cualificación y fortalecimiento profesional.

A través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), se han finalizado y entregado 159 proyectos en ciudades capitales, beneficiando a más de 91 mil estudiantes mediante la construcción y adecuación de 2.124 ambientes escolares.

Crecimiento en educación superior

En el ámbito de la educación superior, entre 2022 y 2025 las transferencias a instituciones públicas han presentado incrementos significativos. Bogotá registró un aumento del 30%, Medellín del 38%, Cali del 26%, Cartagena del 40% e Ibagué del 29%.

Asimismo, las instituciones han recibido recursos adicionales que superan los $755.000 millones en Bogotá, $329.000 millones en Medellín, $228.000 millones en Cali y $108.000 millones en Cartagena, destinados al funcionamiento e inversión.

Las bases presupuestales de las universidades públicas también han tenido incrementos históricos, permitiendo ampliar cobertura, fortalecer la calidad académica y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Mayor acceso al sistema educativo

El aumento de la inversión se ha traducido en mayor acceso a la educación superior. Entre 2022 y 2025, se han vinculado más de 128 mil nuevos estudiantes en Bogotá, 50 mil en Medellín, 6 mil en Cali, cerca de 4 mil en Cartagena y más de 5 mil en Ibagué.

El Ministerio de Educación concluyó que estas cifras evidencian una tendencia sostenida de crecimiento en la inversión pública y su impacto en el fortalecimiento del sistema educativo en las ciudades capitales del país.

Colombia Compra Eficiente desmiente información sobre supuesta contratación “a dedo” en Colombia

Bogotá, 27 de marzo de 2026. La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, desmintió la información difundida por algunos medios de comunicación sobre una supuesta contratación “a dedo” con organizaciones comunitarias por un valor de 31 billones de pesos, asegurando que dichas cifras carecen de veracidad.

La entidad señaló que la información corresponde a interpretaciones erróneas y datos sacados de contexto, los cuales no reflejan la realidad de la contratación pública en el país. La aclaración se realizó tras la divulgación de contenidos que hacían referencia a una respuesta emitida en el marco de un derecho de petición.

El director de la entidad, Cristóbal Padilla, enfatizó que es falso afirmar que se hayan suscrito 80.736 contratos con asociaciones comunitarias, juntas de acción comunal, cabildos indígenas o resguardos bajo las condiciones mencionadas en los reportes difundidos.

Asimismo, la Agencia explicó que la información entregada corresponde a un listado general de contratos registrados en las plataformas SECOP I y SECOP II por distintas entidades del nivel nacional y territorial, así como por las tres ramas del poder público y entidades de régimen especial, entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de marzo de 2026.

Cifras reales de contratación

Tras la verificación de los datos, la entidad indicó que únicamente se han suscrito 97 contratos bajo la modalidad de asociaciones público-populares, con un valor total de $3.592 millones.

De estos, seis contratos corresponden a entidades del orden nacional, con un valor aproximado de $1.204 millones, mientras que los restantes pertenecen a entidades del orden territorial.

La Agencia también aclaró que el 82,81% de los contratos mencionados en la información difundida corresponde a la categoría “Asociación”, la cual incluye diferentes tipos de organizaciones como asociaciones empresariales, académicas, civiles y alianzas público-privadas, sin que esto implique necesariamente organizaciones comunitarias o indígenas.

Por otra parte, el 71% de los contratos fue celebrado mediante modalidades distintas a la contratación directa, y solo el 13,8% corresponde a entidades del orden nacional.

Marco legal de las asociaciones público-populares

Las Asociaciones Público-Populares fueron creadas mediante el artículo 100 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo “Ley 2294 de 2023”.

Esta figura permite la contratación directa con entidades sin ánimo de lucro y con personas naturales pertenecientes a la economía popular, hasta el límite de la mínima cuantía de las entidades.

La reglamentación de este mecanismo fue establecida mediante el Decreto 874 de 2024, expedido el 8 de julio de 2024, con el fin de regular su aplicación dentro del sistema de contratación pública.

La entidad reiteró que la información difundida ha sido malinterpretada y que las cifras reales de contratación no corresponden a los valores señalados en los reportes cuestionados.

Más de 8 millones de vehículos se movilizarán por las vías de Colombia durante Semana Santa

Bogotá. Más de 8 millones de vehículos se desplazarán por los 41 corredores concesionados del país durante la temporada de Semana Santa, de acuerdo con proyecciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas vías suman 7.427 kilómetros y atraviesan 23 departamentos, incluyendo Bogotá.

El 27 de marzo de 2026, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las medidas para garantizar la seguridad vial, la movilidad y la adecuada atención a los viajeros durante este periodo de alta demanda.

Para atender el flujo de vehículos, se contará con aproximadamente 6.450 personas desplegadas a lo largo de los corredores, incluyendo personal operativo, técnicos, supervisores y jefes de peaje. A esto se suma el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, encargado de facilitar la movilidad y prevenir incidentes en las carreteras.

Uno de los puntos clave será la operación en peajes, donde se reforzará la atención con al menos 450 auxiliares adicionales, conocidos como “cangureras”, con el fin de agilizar el recaudo y reducir la congestión vehicular.

Atención prioritaria por temporada de lluvias

Debido a las condiciones climáticas, 13 corredores contarán con monitoreo especial ante posibles afectaciones en la movilidad. Entre ellos se encuentran vías estratégicas como Bogotá–Villavicencio, Cambao–Manizales y Santana–Mocoa–Neiva, así como corredores del Valle del Cauca y el Cauca.

Para responder a emergencias, se dispondrá de aproximadamente 700 equipos de maquinaria amarilla y volquetas, que permitirán atender de manera oportuna cualquier eventualidad en la infraestructura vial.

Medidas para mejorar la movilidad

Durante la temporada, el corredor del proyecto Tercer Carril Bogotá–Girardot operará en su totalidad, facilitando la circulación entre ambas ciudades. También se implementarán carriles reversibles en el plan retorno y refuerzos en peajes estratégicos.

En los accesos a Bogotá se incrementará el personal en puntos clave, mientras que en el corredor Bogotá–Villavicencio se aplicarán medidas como contraflujos, cierres temporales y pico y placa regional para regular el ingreso de vehículos.

Monitoreo tecnológico y servicios de asistencia

La operación contará con más de 3.100 dispositivos inteligentes de transporte, incluyendo cámaras, paneles de mensajería variable, básculas y postes SOS. Más de 1.130 cámaras estarán activas para el monitoreo en tiempo real de las vías.

Asimismo, se dispondrá de 1.253 postes SOS para reportar emergencias y 276 paneles informativos para alertar a los usuarios sobre el estado de las vías.

Adicionalmente, más de 100 peajes cuentan con sistemas de pago electrónico en uno o más carriles, lo que facilita la movilidad en temporadas de alta demanda.

Las autoridades recordaron que los usuarios disponen de servicios gratuitos como grúas, ambulancias y vehículos de asistencia mecánica en caso de emergencias o fallas en carretera.

Gobierno de Colombia refuerza la seguridad de candidatos para las elecciones presidenciales

Bogotá, 27 de marzo de 2026. Con miras a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026, el Gobierno nacional intensificó las acciones orientadas a garantizar un proceso electoral seguro, transparente y con igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró la decimoquinta sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE), en la que se realizó una revisión integral de los esquemas de seguridad de los 14 candidatos a la Presidencia de la República.

La jornada contó con la participación de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa, que trabajan de manera articulada para evaluar riesgos y fortalecer las estrategias de protección en todo el país.

Durante la sesión, las autoridades analizaron detalladamente las condiciones de seguridad de cada candidato, con el propósito de ajustar medidas, anticipar amenazas y responder de manera oportuna a los desafíos propios del proceso electoral.

Estas acciones buscan no solo proteger a los aspirantes, sino también consolidar un entorno democrático sólido, garantizando la participación política en condiciones de equidad.

El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, resaltando la importancia de la coordinación institucional para prevenir riesgos y asegurar el normal desarrollo de las elecciones en Colombia.

Dian recomienda realizar compra y venta de divisas únicamente con profesionales autorizados

Bogotá, 26 de marzo de 2026.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hizo un llamado a la ciudadanía para que, durante la temporada de Semana Santa, la compra y venta de divisas se realice exclusivamente a través de profesionales de cambio, establecimientos de comercio y sedes autorizadas por la entidad.

La recomendación aplica tanto para turistas como para residentes que se desplacen dentro o fuera del país, con el fin de evitar transacciones en el mercado informal, el cual representa riesgos como la recepción de billetes falsos, posibles robos o engaños, e incluso infracciones cambiarias.

De acuerdo con la Dian, en el país se encuentran habilitados 1.239 cambistas profesionales, distribuidos en 29 ciudades y 34 municipios, quienes operan bajo regulación y ofrecen mayores garantías en las operaciones de cambio.

La entidad también destacó que acudir a intermediarios no autorizados no solo es ilegal, sino que puede generar inconvenientes al momento de justificar el origen del dinero, especialmente en procesos posteriores de control.

Entre las ventajas de realizar estas transacciones con profesionales autorizados se encuentran la seguridad en la operación, la transparencia en las tasas de cambio, el cumplimiento de la normativa vigente y la disponibilidad de soporte mediante documentos como la Declaración de cambio o factura.

Asimismo, estos establecimientos cuentan con acceso a un mayor volumen de divisas, lo que facilita operaciones de distintos montos, e incluso ofrecen servicios adicionales como la entrega de dinero a domicilio.

La Dian recordó que, al realizar operaciones de compra o venta de divisas, es obligatorio diligenciar el Formulario #18 del Banco de la República o el documento equivalente, el cual debe ser suministrado por el profesional de cambio en el momento de la transacción.

Con más de $5.000 millones, el Gobierno impulsa la transformación de la educación rural en Uribia

Bogotá, 26 de marzo de 2026.

Con una inversión superior a $5.100 millones, el Gobierno nacional avanza en la mejora de las condiciones educativas en zonas rurales de Uribia, en el departamento de La Guajira. El proyecto beneficia a 743 estudiantes, en su mayoría pertenecientes al pueblo indígena Wayuu, quienes ahora cuentan con espacios adecuados para su formación académica.

El Ministerio de Educación, con el apoyo técnico de Findeter, lideró el desarrollo de 10 proyectos de infraestructura en sedes educativas ubicadas en comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de acceso a instalaciones escolares dignas.

Estas intervenciones permitieron fortalecer la capacidad de atención mediante la construcción y adecuación de aulas, mejorando los entornos de aprendizaje en el territorio.

Las inversiones por sede oscilaron entre $313 millones y $667 millones, distribuidas en distintos puntos rurales del municipio. Entre las sedes intervenidas se encuentran Atapup, Amushishou, Aipaimana, Pishichoon y Juyamana, así como instituciones pertenecientes a la Etnoeducativa Integral Rural Isidro Ibarra Fernández, entre ellas Tequendama y Atachonkat.

También se adelantaron obras en el Internado Indígena El Edén y en sedes como Matia, San Martín y Maleen, pertenecientes a instituciones etnoeducativas de la región.

Este avance se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional orientada a reducir las brechas en infraestructura educativa, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, donde persisten mayores desafíos en el acceso a servicios educativos de calidad.