El Gobierno acaba de firmar con el ‘clan del Golfo’ uno de los pactos de desmovilización más absurdos y peligrosos de nuestra historia. Un acuerdo sin marco jurídico, sin compromisos reales de cese del fuego, sin una ruta mínima de implementación y sin la capacidad legal de otorgar beneficios a quienes supuestamente se desmovilizarían. En otras palabras: un acuerdo imposible de cumplir, tanto para el Gobierno como para la estructura criminal más violenta del país. Todo esto, además, en plena época electoral y en una de las regiones más golpeadas por la violencia.
El documento establece zonas de ubicación temporal a partir del 1.º de marzo de 2026, apenas siete días antes de las elecciones. Sí, siete días. Municipios enteros de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó quedarán bajo el control de los narcotraficantes.
La extensión del área cedida –más grande que el Caguán y con una densidad poblacional muchísimo mayor– equivale a entregar el control político y armado de una región estratégica al grupo criminal más peligroso de Colombia, justo en el momento más sensible de nuestra democracia.
No estamos hablando de cualquier organización. El ‘clan del Golfo’ es una máquina criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Ha impuesto paros armados, ejecutado ‘planes pistola’ y cometido más de 150 masacres. La ONU ha documentado el reclutamiento de más de 450 menores y el desplazamiento forzado de 25.611 personas. Es hoy el cartel de droga más poderoso del mundo, con una producción superior a 20 toneladas mensuales, lo cual tiene a la mayoría de sus cabecillas pedidos en extradición. ¿Cómo pretende el Gobierno negociar sin un diálogo previo con Estados Unidos, si son precisamente esos jefes los que necesitarían garantías?
Un acuerdo sin marco jurídico, sin compromisos reales de cese del fuego, sin una ruta mínima de implementación y sin la capacidad legal de otorgar beneficios a quienes supuestamente se desmovilizarían
Además, desde la perspectiva del Derecho Internacional, una negociación de paz con el ‘clan del Golfo’ es jurídicamente imposible. No son un grupo rebelde ni cometen delitos políticos: no pueden recibir amnistías ni indultos. Como organización criminal y terrorista, el único beneficio posible es el de colaboración con la justicia, y aun así deben cumplir penas efectivas, en especial por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, que son imprescriptibles.
Por otro lado, el proyecto de ley de sometimiento está muerto. No pasará en el Congreso y terminará archivado en unos meses. Ofrecer a este ‘clan’ beneficios jurídicos que no existen es engañarlos a ellos y engañar al país. Entonces, ¿qué les está ofreciendo realmente el Gobierno?
Nada de paz. Nada jurídico. Les está entregando control territorial –una fuente de miles de millones de dólares– hasta el 7 de agosto de 2026 y, eventualmente, más allá si Iván Cepeda llega a la presidencia. El acuerdo no es jurídico: es económico. Un pacto criminal disfrazado de negociación de paz. “Te doy control territorial y libertad para delinquir a cambio de votos”.
Las consecuencias de este pacto serán devastadoras. 1) Se cede el control territorial de una vasta región a un grupo que lleva décadas masacrando civiles. 2) Se compromete la seguridad electoral en toda la costa Norte. 3) Se creará un caos jurídico para más de 9.000 desmovilizados sin un marco legal real. 4) El próximo presidente recibirá un problema monumental: miles de personas a quienes se les prometió lo que nunca podía ofrecerse.
Este no es un acuerdo de paz, no es un acuerdo jurídico. Es un pacto con el diablo y sus efectos pueden ser irreversibles para Colombia.
En 1928 el país condenó con horror la masacre de las Bananeras, aquel crimen convirtió al Caribe en un cementerio abierto y a sus campesinos, en mártires de la violencia. Casi un siglo después, la historia se repite con una ironía feroz: el presidente Gustavo Petro, que un día afirmó solidarizarse con esa región herida por la memoria, hoy la revictimiza entregándola en bandeja al cartel narcotraficante más sanguinario del país.
LUIS FELIPE HENAO CARDONA